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Policía nica irrumpe en barrios con AK-47, tras muerte de motorizado

Dos desconocidos, que iban a bordo de una motocicleta, sin casco de protección y sin capuchas, dispararon a los dos policías y huyeron.

ACAN-EFE

Nicaragua cumplió este lunes 55 días de crisis con una policía disparando con fusiles AK-47 en varios barrios de Managua donde la población había levantado barricadas en protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega, en una jornada en la que además se elevó a 146 el número de muertos.

Armados de fusiles AK-47, de origen ruso, decenas de policías irrumpieron a balazos en los llamados "barrios orientales" de Managua, que están ubicados entre el centro y el este de la ciudad.Horas antes, en Las Maderas, que está unos 50 kilómetros al norte de Managua, la Policía Nacional y las fuerzas "parapoliciales" atacaron a campesinos que mantenían bloqueada la carretera en protesta contra Ortega.

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Mientras dos policías que patrullaban un barrio popular en Managua resultaron en un caso muerto y en el otro herido tras un ataque con armas de fuego perpetrado por "criminales", según informó la institución policial. El hecho ocurrió en el barrio San José Oriental, uno de los lugares que, en horas de la mañana, fue interrumpido a tiros por la Policía.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) elevó a 146 el número de muertos en la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. La lista de fallecidos confirmados incluye a otros dos agentes que murieron este lunes en un asalto de desconocidos en la estación de Policía del municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN) de Nicaragua, según el Cenidh.

 Cifra de fallecidos en Nicaragua podría ir aumentando, según organización de Derechos Humanos

 

La organización humanitaria advirtió que la lista podría seguir creciendo, debido a que todavía quedan casos de ciudadanos que han sido reportados como muertos, pero que están por ser confirmados.

Otra razón para la ampliación de la lista es que continúan los ataques en contra de la población, realizados por la Policía y fuerzas de choque oficialistas, conocidas como "turbas", indicó el Cenidh. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, envió un mensaje de solidaridad a las familias y reiteró el compromiso de su Gobierno para restaurar la paz en el país. "Solidaridad con quienes estamos sufriendo, solidaridad con quienes hemos de una u otra forma sido afectados por estos tiempos de oscuridad que nadie quiere en nuestro país, solidaridad con las familias que han perdido seres queridos, solidaridad con las familias que ven limitada su movilidad", señaló la dignataria.

La también primera dama trasladó sus condolencias a los familiares de dos policías "quienes esta mañana, en un ataque infame, perdieron la vida, fueron atacados, asesinados, no hay otra forma de decirlo". El obispo Silvio Báez advirtió que los actos represivos del Gobierno contra la población alejan más al presidente Ortega de la realidad del país. "El jueves, en el encuentro con la CEN (Conferencia Episcopal de Nicaragua) le dije al presidente Ortega que usando solo el lenguaje de la represión en Nicaragua, se aleja cada vez más de la realidad, agrava la crisis política y el dolor del pueblo, y se esfuerza en destruir el diálogo nacional", publicó Báez en sus redes sociales.

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Ortega pidió el jueves pasado al Episcopado tiempo para "reflexionar" sobre si accede a la democratización del país, pero aún no ha dado respuesta alguna. El excomandante de la revolución sandinista, Luis Carrión Cruz, dijo que Ortega quiere tener a los nicaragüenses "rehenes mediante el terror".

"Ortega quiere tenernos a todos de rehenes mediante el terror, su mensaje es: si quieren que cese la violencia, ríndanse; si quieren caminar tranquilos por las calles, ríndanse; si no quieren más saqueos, ríndanse. Ríndanse que yo soy su amo y señor. Que se rinda tu madre", escribió Carrión Cruz, ahora disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en Twitter.

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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